La resolución gubernamental que congeló los precios de productos de consumo hasta el próximo 7 de enero logró un cumplimiento del 90 por ciento en relación con valores fijados y del 80 por ciento con respecto al abastecimiento en todo el territorio argentino.

La excepción en ese nivel de cumplimiento en la provisión de mercaderías  es el aceite de girasol, que registra un abastecimiento en las góndolas del orden del 55 por ciento, de acuerdo a los números recabados por la Secretaría de Comercio Interior.

En esa línea, la dependencia oficial registró un cumplimiento del 74% de los precios en el mayorista Maxiconsumo, lo que marcó una diferencia con las demás cadenas.

Sobre la falta de abastecimiento de aceite, el Gobierno tuvo una reunión la semana pasada con las aceiteras, en la que se abordó también la cuestión del fideicomiso del sector que vence el 31 de enero.

En ese sentido, las aceiteras se comprometieron a aumentar en US$ 28 millones el fideicomiso que actualmente es de US$ 190 millones y se está agotando, con lo cual pasaría a ser de US$ 218 millones.

El fideicomiso es una herramienta a través de la cual el Gobierno buscó desacoplar los precios internacionales de los commodities a los valores que paga el consumidor, e implica que los exportadores subsidian a los productores otorgándoles una compensación por la diferencia entre el precio de exportación y el del mercado interno.

Si bien en este punto llegaron a un acuerdo, no hubo claridad por parte del sector empresario sobre por qué el abastecimiento de aceite de girasol está muy por debajo del promedio, siendo un consumo difundido.

Las aceiteras aseguran que están cumpliendo con producción y abastecimiento y que no saben si el producto se queda en los distribuidores mayoristas o se lo guardan los supermercados, dijeron fuentes oficiales.

Frente a esta situación, Comercio Interior envió este lunes a la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) los resultados de un relevamiento de 200 puntos de venta donde se registró faltante de aceite para que las productoras se avengan a seguir el trazado de la entrega de productos.

Por otra parte, Comercio Interior también comenzó a trabajar en la canasta de productos frescos, como lo hizo con la de secos, con el objetivo de recomponer el consumo interno de carne a pecios accesibles.

La idea es estandarizar un esquema para monitorear que el consumo de proteínas no baje de los 115 kilos anuales de carne por habitante, de los cuales 55 sería de carne vacuna; 40 de pollo; 10 de cerdo; y 5 de pescado.

“Hoy hay menos regulación que en 2015 con mayores precios internacionales. Las retenciones son menores y no hay cupos”, describieron desde el área que conduce Roberto Feletti, para graficar la situación actual del sector.

En el marco de las potenciales iniciativas que se encuentran bajo análisis, en Comercio Interior estiman que con fijar en 20% la relación de la exportación sobre la faena de carne vacuna, junto con retenciones del 15% a las exportaciones, se podría estabilizar una oferta de 55 kilos anuales por habitante.

Incluso, puede haber un proceso en el cual primero se puedan llevar las retenciones del 9% actual al 12% y asegurar 52 kilos anuales por habitante, y después avanzar en el otro tramo hasta el 15%.

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