El diputado nacional el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, realizó una nueva denuncia penal a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Esta vez se trata los ex miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF) Agustín Biancardi, Martín Olari Ugrotte, Facundo Orazi y Gonzalo Romero por asumir la defensa del capo narco Javier “El Rengo” Pacheco, con lo que puede existir una “posible comisión de delitos de acción pública”. Quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4 a cargo del juez Ariel Lijo.

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Los cuatro abogados se desempeñaron en la Dirección de Litigios Penales de la UIF hasta enero de 2020, donde Biancardi era la máxima autoridad. Cuando culmino el gobierno de Macri y asumió como presidente Alberto Fernández, los abogados renunciaron a la UIF y conformaron el “Estudio Orazi, Biancardi & Olari Ugrotte Abogados y Consultores”.

Biancardi y Olari ahora defienden a Pacheco y parte de su entorno familiar en una causa en la que se investigan diversos hechos constitutivos de narcotráfico y lavado de activos. “Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señala Tailhade. Y agrega que “no puede desconocerse la libertad de trabajar que garantiza nuestra Constitución Nacional, pero a esta altura vale cuestionarnos si es legalmente admisible que abogados que han patrocinado al organismo antilavado se pongan del otro lado del escritorio y defiendan a narcos y lavadores de activos”.

Según la presentación, los abogados denunciados además ofrecen a sus defendidos acogerse a la figura del “arrepentido”, “instrumento que se utilizó de manera indebida en las causas contra la vicepresidenta cuando ellos se encontraban accionando en representación de la UIF”.

Tailhade sostiene que al estar en la UIF recibieron capacitación y tuvieron acceso a “información sensible tanto del ámbito nacional como internacional”. “Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal”, sostiene Tailhade.

El legislador pide que se gire un oficio a la UIF para que especifique las causas judiciales en las que participaron en el tiempo que prestaron funciones en el organismo, y determine si se recibió algún tipo de reporte por las acciones investigadas en la causa Pacheco, así como especifique si la Unidad llevó a cabo algún tipo de colaboración en la investigación judicial.

“Los hechos aquí denunciados no solo violan las más elementales leyes de ética pública, profesional y moral sino que también constituyen un claro perjuicio al Estado Nacional no solo por el incumplimiento de los deberes que conlleva la función pública, sino también por el aprovechamiento indebido de los medios adquiridos a través de ésta y utilizados en provecho propio o en defensa quienes realizan aquellos delitos que el Estado pretende prevenir y sancionar”, sostiene el diputado.

Además, el denunciante destaca que este equipo de profesionales querelló 17 causas penales que tenían como imputada a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kircner.

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