Las autoridades provinciales mantendrán conversaciones con los acreedores privados externos para poder alcanzar un acuerdo acorde con la capacidad de pago de la provincia de Buenos Aires.


El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pospuso este lunes y por séptima vez, el plazo de aceptación de la oferta de reestructuración de duda por US$ 7.148 millones. El nuevo plazo es hasta el 9 de octubre próximo.


«La provincia de Buenos Aires informa que extiende el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el próximo 9 de octubre», explicó el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial a través de un comunicado.


Por su parte, la cartera indicó que hasta el 9 de octubre «continuará manteniendo conversaciones con los acreedores privados externos para poder alcanzar un acuerdo acorde con la capacidad de pago de la provincia de Buenos Aires y que permita recuperar la sostenibilidad de la deuda pública».


El viernes pasado, venció la sexta prórroga del plazo de negociación que la Provincia inició el 23 de abril, cuando propuso cambiar 23 bonos -casi el 70% de la deuda bruta provincial- por títulos con un período de gracia de tres años, recorte del 55% en las tasas de interés y del 7% en el capital, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.


«Tenemos una deuda de USD 7.000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar», aseguró el Kicillof.


Los acreedores sostienen llevar adelante propuestas que involucren la compensación por intereses vencidos (PDI), cupones promedio más altos y una reducción en el período de gracia propuesto de la oferta inicial. No obstante, las autoridades provinciales consideran que las expectativas de los inversionistas son demasiado altas, según el informe de Torino Economics.


De esta manera, el resultado de la reestructuración de la deuda de Buenos Aires será fundamental para los procesos que enfrentan las provincias que buscan canjear, en total, más de US$ 13.000 millones con acreedores privados.

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