El sistema de justicia fue el instrumento indispensable de los poderes fácticos
para esmerilar el poder político, con la connivencia de los medios de
comunicación, referentes políticos de la alianza cambiemos y los servicios de
inteligencia. Construir el consenso y obtener la aceptación social fue su fin
mediato con miras a implantar un modelo económico rentístico financiero,
destructor de la economía productiva.

Debían desterrar de la escena política a representantes populares.

El espionaje ilegal, el armado de causas y la persecución constituyeron
herramientas de este grupo de tareas ilegal. Una nueva doctrina de la
seguridad nacional construída al calor de los discursos reaccionarios
configuró un nuevo enemigo interno: el corrupto, el k, el activista social, el
sindicalista, siempre con el objeto de legitimar las fuerzas de seguridad, otra
vez, contra el pueblo.

Mesa Judicial, el cerebro macrista.
Las visitas de jueces, fiscales, operadores judiciales, empresarios y periodistas
a la quinta de Olivos es otra muestra confirmatoria de la existencia de una mesa
judicial en el gobierno de Macri, destinada a espiar, perseguir y armar causas a
opositores políticos.

La sincronicidad de esas visitas con las sentencias judiciales contrarias a
opositores políticos o beneficiarias de empresarios afines al macrismo, excede
la casualidad y evidencia los fines espurios de esas reuniones.

El papel protagónico insoslayable de los medios concentrados de comunicación
para instalar la culpabilidad prematura y desacoplada a las causas judiciales –
pergeñado por quienes oficiaban de periodistas independientes pero actuaban
como militantes de la alianza cambiemista-, tampoco fue mera coincidencia.

Las escuchas halladas corriendo en Palermo por Majul, el pedido destituyente
de jueces desobedientes en PPT por parte de Lanata, las editoriales de Morales
Sola, y la redacción de Clarín gerenciada por Roa y Kirchbaum, demuestran la
relación de causalidad entre las visitas de jueces, las sentencias judiciales y la
instalación de la justicia mediática paralela.

Esta tríada del poder político, mediático y judicial que atornilló sus sillas en la
Mesa Judicial, fue el cerebro de persecución macrista, entente en las sombras
del armado de causas judiciales, direccionamiento de testigos vitales para esas
causas armadas, sindicador de sujetos a espiar ilegalmente y arquitecto de la
interferencia en procesos electorales para proscribir o impedir el triunfo electoral
de Cristina Fernández de Kirchner.

Este grupo de tareas ilegal, tuvo un objetivo inmediato, obtener el consenso
colectivo para el desmantelamiento de los derechos sociales, y el fin mediato
implantar un modelo económico de especulación, incompatible con salarios y
jubilaciones dignas, salud y educación pública, tarifas desdolarizadas, industria
nacional y fuerte mercado interno.

Los poderes fácticos degradaron el Estado de Derecho, usando su estructura y
desde sus entrañas. Con la ayuda de sus terminales políticas, mediáticas y
judiciales construyeron figuras lingüísticas y significantes vacíos para la
obtención de sus fines especulativos. República, libertad, igualdad,
independencia judicial pasaron a ser expresiones antitéticas a su significado
primario.

La mesa judicial macrista contaba con cuatro terminales:
Sistema de Justicia: La complicidad de cierto sector del Poder Judicial y
Ministerio Público Fiscal (jueces y fiscales), con la connivencia
incondicional de la cabeza de cada uno de estos poderes, Corte Suprema
de Justicia y Procuración General de la Nación.
Los jueces y fiscales que visitaron la quinta de Olivos y/o la Casa Rosada
en pleno gobierno macrista, fueron aquellos que sentenciaron en causas
sensibles como Dólar Futuro, Ruta del dinero K, Memorandum de
Entendimiento, Vialidad, Cuadernos, D`Alessiogate, y la llamada
Operativo Puff.
Aquellos jueces o fiscales que no se sometían a las presiones de la
alianza cambiemos, eran perseguidos por el Consejo de la Magistratura –
organismo inquisidor en el período 2016/2019- o por el Procurador
General de la Nación, y los que se prestaban obscenamente a estas
maniobras, premiados con traslados y ascensos.
Medios concentrados de comunicación: Constituyeron un ariete
fundamental en la persecución judicial. Replicaron en sus medios de
comunicación (radial, televisivos y gráficos) falsas noticias, generando
una justicia paralela sin correlato con las constancias del expediente.
A través de la propagación de escuchas ilegales y la propalación de
comisión de delitos por parte de ex funcionarios sin sentencia judicial,
revirtieron el principio de inocencia.
Referentes políticos Integrantes del Poder Legislativo o de reparticiones
neurálgicas del Poder Ejecutivo
, quienes usaban la base de datos del Estado para
recabar información, amenazar y efectuar denuncias judiciales a ex
funcionarios u opositores políticos. Entre las usinas generadoras de
denuncias o proveedoras de información, estaba la Oficina
Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la Administración
Federal de Ingresos Públicos, Dirección Nacional de Migraciones y
Servicio Penitenciario Federal, entre otros.
Servicios de inteligencia: El sistema de Inteligencia está regulado por la
Ley Nacional de Inteligencia (25.250 modificada por Ley 27.126), y
establece el marco jurídico al que deben sujetarse los organismos de
inteligencia. En cabeza del Presidente de la Nación, su actuación debe
adecuarse a los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Nada
de esto se respetó en el gobierno de Mauricio Macri. La AFI se convirtió
en una central de espías manejados por la mesa judicial y operadores
judiciales al servicio del espionaje ilegal y la persecución. Se almacenaba
y producía información por razones políticas. Buscaron y persiguieron a
ese enemigo interno que impedía la implantación de un país para pocos.
Destrucción de garantías constitucionales.

El accionar de la mesa judicial implicó la flexibilización de las garantías
constitucionales centrales del Estado de Derecho, al punto de vaciarlas de
contenido.
La garantía del debido proceso, el derecho a un juez natural, imparcial,
independiente, el principio de inocencia,
fueron íntegramente vulneradas por
esos jueces y fiscales cómplices en los procesos contra opositores políticos
al macrismo.
Un proceso judicial que se inicia seleccionando al juez conveniente con un
bolillero adulterado a gusto y piacere de la mesa judicial, con jueces y fiscales
parciales que no guardaron la equidistancia respecto de las partes e
interactuaron con una de ellas, que aplicaron prisiones preventivas fundadas
en doctrinas de camaristas cómplices como Irurzun, es sin dudas un proceso
ilegal, ilegítimo e injusto.

Las decisiones de un magistrado deben ser una derivación razonada del
derecho vigente, no de creencias personales, expresiones de deseos o
programas periodísticos.

La implementación de un modelo económico para pocos. El
fin mediato de la mesa judicial.

Lo que hace 45 años ejecutaron las fuerzas armadas a través del
terrorismo de Estado -motivados por sectores empresariales que fueron
el brazo económico de la dictadura militar iniciada en 1976-, en el gobierno
de Mauricio Macri estuvo en manos de cierto sector del Sistema de
Justicia.

El Departamento de Estado de EEUU ordenó trabajar con los jueces
latinoamericanos, un síntoma del plan regional que importó la cooptación
de un sector de los poderes judiciales, con el objetivo de perseguir
opositores políticos incómodos a las derechas reaccionarias foráneas y
los intereses imperialistas norteamericanos, siempre presentes.

Vimos sus expresiones en Ecuador, Brasil y Argentina, flexibilizando
hasta quebrar las garantías constitucionales básicas del Estado de
Derecho, legislando leyes a medida de protocolos de actuación de
servicios de inteligencia internacionales. Un ejemplo cabal fue en nuestro
país la Ley del arrepentido, la del delator en Brasil y ley de la cooperación
efectiva en Ecuador. Todas utilizadas para introducir información
colectada con espionaje ilegal o simplemente declaraciones forzadas. La
causa cuadernos fue la expresión por antonomasia del uso de la ley del
arrepentido para armar causas judiciales.
El ex embajador de EEUU, Edward Prado, al jurar en su cargo afirmó que
su labor estaría direccionada en el trabajo conjunto con jueces argentinos.
Esto se materializó tanto con las visitas asiduas a la embajada de ese país
los 4 de julio, como por medio del financiamiento de cursos para jueces y fiscales
con el ropaje del narcotráfico y la corrupción. Esta formación fue la base de
sustentación académica para la constitución del enemigo interno, otro elemento
central en la matriz del lawfare.

El Plan Cóndor Judicial también fue un plan regional, que cooptó al Poder
Judicial, instruido a imagen y semejanza del departamento de estado
norteamericano y con el fin de impedir el triunfo electoral o la perpetuación de
gobiernos populares.

Hoy mas que nunca urge una reforma judicial en nuestro país. El sistema de justicia está
en crisis y la mayoría de los y las argentinas perdió la confianza en el poder del
estado encargado de administrar justicia, de hacer efectivos y garantizar sus
derechos.

Es precisa la democratización del Poder Judicial, un poder que se
autofiscaliza, sin plebiscito popular, que no rinde cuentas, endogámico,
corporativo y aristocrático.

Llego la hora de un Poder Judicial que represente y se parezca a su
pueblo.

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