Por primera vez en sus casi 100 años de historia, la agroexportadora santafesina Vicentin será conducida por ejecutivos ajenos a las familias dueñas. Así lo definió la asamblea de accionistas el pasado jueves, que también aprobó el polémico balance de 2019. Las novedades se dan en el marco de un panorama cada vez más complejo para la compañía, tanto desde el punto de vista comercial como judicial.

La situación actual se da como resultado de infructuosas gestiones para recomponer las relaciones con el mercado. Ni la renuncia del directorio que condujo a la cesación de pagos, ni la contratación de un banco estadounidense para conducir un proceso de venta produjeron los resultados esperados. Más bien, todo lo contrario: aceleraron las acciones tendientes a socavar el poder de los responsables del mayor default del agro argentino.

Lo que más preocupa a las ilustres familias del norte santafesino es la dura posición que fijó el consorcio de bancos extranjeros, principal acreedor de la cerealera, con 500 millones de dólares por cobrar. Diez días atrás, presentó una querella ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, para que se investigue un posible delito de estafa. El patrocinio de la demanda corrió por cuenta del influyente estudio porteño Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, cuyos socios cerraron una alianza estratégica con sus pares del estudio rosarino Casanova, Mattos & Salvatierra -con intereses en el decano de la prensa argentina, el diario La Capital-.

El conflicto que enfrenta Vicentin se endureció, así, con el ingreso de verdaderos pesos pesados del mercado financiero que, además, cuenta con el apoyo del lobby diplomático: a principios de mes, el tema se incluyó en la bilateral telefónica que mantuvo Alberto Fernández con el premier holandés Mark Rutte (el 50% de los préstamos tomados por la cerealera en el exterior fueron otorgados por bancos de ese país). Vicentin ya no enfrenta solo a productores y comerciantes sueltos o al Estado nacional, al cual no le fue difícil plantearle una pelea en la calle.

Las pruebas

Según pudo conocer este medio, la demanda de los acreedores financieros internacionales contiene 39 anexos. En total, más de mil páginas de documentación que acreditarían que la empresa argentina brindó información falsa para obtener sus créditos. El último, por tres millones de dólares, fue otorgado por el Rabobank holandés el 4 de diciembre de 2019, prácticamente al mismo tiempo que la empresa anunciaba la cesación de pagos. «Es imposible que al interior de la sociedad no supiesen que había un desenlace que a esas horas era inevitable», confiaron fuentes judiciales.

Uno de los principales argumentos que exponen los bancos es el informe presentado el 31 de julio de 2019, el cual lleva la firma del director financiero de la compañía, Roberto Alejandro Gazze. Allí, se expone que el ratio de liquidez (uno de los indicadores más utilizados para verificar las chances que una empresa pueda afrontar sus compromisos en el siguiente ejercicio) era absolutamente favorable: entre activos corrientes y pasivos corrientes había una diferencia positiva del 80 por ciento. Con esos números en la mano, los bancos siguieron girándole divisas a Vicentin. Nunca pensaron que el colapso estaba a la vuelta de la esquina.

La investigación judicial tiene además en cuenta la presentación de tres acopios, que también denunciaron por estafa a los directivos de la cerealera, aunque en ese caso el ardid no sería el falseamiento de la información, sino su omisión. En las próximas semanas, el equipo de la Unidad de Delitos Económicos, que lidera Miguel Moreno y tiene al 60% de su personal abocado a este expediente, trabajará en la comprobación de los hechos. «Queremos avanzar lo más rápido posible», confiaron desde esa dependencia, que recientemente hizo un pedido al fiscal general del MPA para solicitar mayores recursos humanos.

Panorama complejo

Además de Moreno, hay otros dos fiscales trabajando en causas contra Vicentin. Ambos del fuero federal: Gerardo Pollicita, de Comodoro Py, y Roberto Salum, de Reconquista. Mientras que el primero investiga los créditos del Banco Nación, el segundo sigue la pista de una denuncia del estudio Moyano y Asociados (que representa a un grupo de acreedores comerciales), sobre posible vaciamiento vía paraísos fiscales. «Estamos en plena búsqueda de bienes en el exterior. El proceso es un poco más lento por la cantidad de jurisdicciones involucradas, pero pronto habrá novedades importantes», dijeron desde el entorno de Salum.

En tanto, la aprobación del balance 2019 tendrá consecuncias. Por un lado, el Banco Nación -principal acreedor doméstico de Vicentin- concretaría en las próximas jornadas una demanda penal por el delito de «balance fraudulento». Por el otro, el estudio rosarino Robiolo & Asociados -que asesora a varios acreedores-, emitió un informe que marca que los estados contables del último ejercicio poseen «un enorme despropósito técnico, carente de toda realidad, lógica y legalidad».

También hubo novedades en el expediente donde se tramita el concurso preventivo de la empresa. El pasado miércoles presentaron el primer informe los tres veedores designados por el juez Fabián Lorenzini, quienes arrojaron un diagnóstico poco favorable: «Del relevamiento realizado, no hemos podido obtener a la fecha un plan de negocios que permita inferir la orientación de las acciones de la empresa», indicaron, para luego desmentir el principal argumento de Vicentin sobre su caída: «El impacto negativo de las devaluaciones habría tenido una incidencia marginal respecto de la pérdida del ejercicio (…). Por lo tanto, debiera descartarse el capítulo cambiario para entender el deterioro esgrimido por la empresa en la presentación del concurso». «

Por Juan Chiummineto 

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