María Eugenia Vidal anticipó que ni bien asuma en su banca como diputada nacional buscará derogar la ley de alquileres sancionada el año pasado, luego de aprobarse en noviembre de 2019 con respaldo de una parte del bloque del PRO, porque no ayudó a bajar los precios y restringió la oferta.

“Fue un error porque no ayudó ni al inquilino ni al propietario. Además, se agravó porque el Gobierno nos mintió, nos dijo durante todo el año pasado que no íbamos a pagar aumento. La política se tiene que hacer cargo cuando comete un error. Hoy están perdiendo todos con esa ley”, sostuvo la ex gobernadora en diálogo con La Nación +.

Omitió el respaldo de varios de sus futuros compañeros de bloque, que después de la derrota de Mauricio Macri en las elecciones cedieron ante la presión de las asociaciones de inquilinos y destrabaron el proyecto que había llegado del Senado tres años antes.

El encargado de reescribirlo fue Daniel Lipovetzky, diputado nacional del PRO y presidente de la Comisión de Legislación General en ese entonces, que consiguió respaldo de una parte de su bloque, pero no de todos: algunos se abstuvieron o se ausentaron. Cambiemos no participó de la sesión del Senado que sancionó la ley, en rebelión por temario de la sesión. No hubo voces en contra.

La ley de alquileres estira de dos a tres años los contratos y pone reglas claras para actualizar los valores: sólo podrán ser anuales e indexados a una fórmula que combina el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

El problema es que ese índice superó el año pasado el de inflación oficial y por lo tanto la ley terminó siendo más un problema que una solución. No lo entendió así el titular de la agrupación Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, uno de los impulsores de la norma.

Considera que como recién empezará a aplicarse este mes, la ley sirvió. “En el último año la inflación que se dio a conocer fue de 48,8% y el índice hoy está en 38 puntos, más de 10 puntos por debajo de la inflación”, señaló ante la agencia Telam.

Por otra parte, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cuciba) le señaló a la agencia oficial que si la ley se deroga volverán oferta de alquileres propiedades que habían salido.

Los corredores, justamente, fueron los que lograron cajonear la ley durante el gobierno de Macri y hasta impidieron que llegara al recinto en diciembre 2018, aun después de ser incluida en las sesiones extraordinarias por el propio presidente. Ahora Vidal prometió derogarla.

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