Juntos por el Cambio e Interbloque Federal llegaron a un consenso en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Alquileres.

La iniciativa consiste, básicamente, en volver a la norma anterior, con algunas modificaciones en torno a los beneficios impositivos para quienes arrenden sus viviendas y/o propiedades.

No obstante, el dictamen de mayoría resultó el del oficialismo con 40 rúbricas, una más que el de la oposición, que firmó despacho de minoría. De esta forma, la ecuación podría darse vuelta recién en el recinto. ¿Cómo? Una vez rechazado el dictamen de mayoría, se pasaría a tratar el de minoría. Si a los votos de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Provincias Unidas se suman los cuatro liberales, superarían ajustadamente los 129 votos necesarios para la aprobación.

Pero en el Senado, podría configurarse una historia diferente, ya que en los papeles el Frente de Todos podría cosechar los votos para conseguir una ajustada mayoría. El escenario es incierto e impredecible: la oposición aspira a que alguno de los tres senadores oficialistas que en el pasado se manifestó a favor de la Boleta Única (Camau Espíndola, Edgardo Kueider y Sergio ‘Oso’ Leavy) se desmarquen y no voten con su bloque.

Los puntos clave del proyecto opositor

Palpitando lo que será un eventual debate, es importante tener en cuenta los puntos principales del proyecto de reforma de Ley de Alquileres. A continuación, las bases del texto opositor que obtuvo el dictamen de minoría en la Cámara baja: en primer lugar, remarcar que se apunta a que el contrato de alquiler sea por un plazo mínimo legal de dos años, en lugar de los tres que establece la norma vigente.

Asimismo, se busca que el valor del alquiler debe fijarse como único y por mes, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, entre tres y 12 meses. En tanto, las partes deberán convenir un mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio del contrato, que podrá ser el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

Por último, se busca que los contratos de locación de inmueble deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Al mismo tiempo, se apunta a establecer incentivos fiscales para los propietarios adheridos al Monotributo, a Bienes Personales y al Impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Qué propone el oficialismo

El Frente de Todos comparte con la oposición el diagnóstico de que la Ley 27.551 del 2020 no dio las respuestas esperadas a las partes involucradas. Sin embargo, pese a haber amagado en un primer momento con volver a los tres años de plazo de los contratos y el ajuste semestral de los valores, el bloque oficialista finalmente ponderó los reclamos de los inquilinos para no tocar esos aspectos de la norma.

Así, el dictamen de mayoría propone seguir con los tres años de plazo de los contratos y el ajuste anual conforme una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC). También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido, al tiempo que incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores.

A su vez, se estipula la posibilidad de exceptuar del pago del impuesto a los Bienes Personales a esos inmuebles destinados a la locación para vivienda familiar, a menos que superen los $ 30 millones. También incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción a inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”.

Algunos puntos en común

En relación al paquete de beneficios fiscales para locatarios, el dictamen opositor no se diferencia demasiado del oficialista: se prevé una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

Además, se libera del pago de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler habitacional. Y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

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