La Justicia instó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dar por finalizado el operativo policial en esa zona.

“Ordenar al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Licenciado Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación”, indicó la notificación judicial en el primer artículo.

Asimismo, el magistrado remarcó la ratificación de que “conforme lo establece el régimen legal vigente, la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.

En el artículo 3, se estableció que “la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”. A su vez, se dispuso comunicar al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, que “la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.

Por último, el magistrado firmante citó al propio D’Alessandro y a su par de Nación, Aníbal Fernández, a una audiencia, este miércoles a las 11.

El fallo de Gallardo fue la respuesta a la acción de amparo que inició el sábado pasado Juan Grabois contra el Gobierno porteño, con el objeto “de que se levanten las vallas colocadas sobre la calle Juncal en su traza entre Paraná, Uruguay y Talcahuano; a efectos de que se garantice la libre circulación de las personas, los derechos a la libertad de expresión en su faceta de derecho a manifestarse en la vía pública, todo eso a efectos de garantizar la paz social en nuestra ciudad”.

Además, Grabois solicitó que “se deje sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a protesta y a la libertad de expresión”.

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